San José — 13 de abril del 2010— Durante la mañana de hoy, la industria de la música, liderada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus siglas en inglés) hizo un llamado a los radiodifusores para reanudar las conversaciones en torno al pago de derechos conexos en Costa Rica. Las declaraciones se realizaron durante conferencia de prensa realizada en el Real Intercontinental Hotel & Club de San José, sede de la Novena Reunión Regional de IFPI Latinoamérica.
Durante el evento, Raúl Vázquez, director regional de IFPI Latinoamérica, indicó que la organización decidió celebrar su reunión anual por primera vez en San José, para llamar la atención internacional de que esta situación no puede estar ocurriendo en Costa Rica. “Tenemos dos grandes preocupaciones, ya que Costa Rica está en medio de una encrucijada. Por un lado, el país ha sido relativamente efectivo en proteger el derecho de autor, pero por otro lado, hay un grupo de empresas que explotan la música y no reconocen el derecho conexo y han tratado debilitar la ley a través de campañas de desinformación. Por eso hacemos un llamado a los radiodifusores para que retomemos las conversaciones que en este momento se encuentran en un punto muerto y que Costa Rica, de una vez y por todas, se una a la comunidad internacional en el reconocimiento y la remuneración justo por la explotación de los derechos de difusión pública”.
Vázquez también se mostró confiado de que el nuevo gobierno protegerá los derechos de autor y los derechos conexos y fomentará la expansión de la comunidad musical.
Por su parte, el reconocido productor Arnoldo Castillo, presidente de La Butaca Producciones y miembro de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE Costa Rica), expresó la importancia de tender lazos y puentes de entendimientos entre todas las partes y pidió el apoyo de todos los medios para fomentar la música local y los artistas costarricenses. “Es imposible que un artista tenga reconocimiento internacional si no se le reconoce en su mismo país”.
Mientras tanto, el productor ganador del Grammy Latino, Carlos Castro Mora, explicó que “Si Costa Rica quiere establecerse en el Siglo 21 como una economía importante tiene que adherirse a los tratados internacionales. Al favorecer el derecho de autor y el derecho conexo se genera un beneficio enorme no sólo para el autor y el productor musical, sino también para una amplia gama de industrias relacionadas. En la medida que Costa Rica entienda y comprenda los derechos de autor, los derechos conexos y de propiedad intelectual, vamos a hacer una sociedad muchísimo más rica”.
La Novena Reunión Regional de IFPI Latinoamérica comienza mañana miércoles 14 de abril con la asistencia de reconocidas figuras entre las que se encuentran la cantante de tango argentina Susana Rinaldi, Vicepresidenta de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y la Federación Latinoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (FLAIE); y al destacado compositor y productor colombiano Alberto Urrego, Presidente del Comité Iberoamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC); John Kennedy, Presidente Ejecutivo de IFPI; Jesús López, Presidente y CEO de Universal Music Latin America y la Península Ibérica;Mihály Ficsor, consultor internacional en Propiedad Intelectual; y Gabriel Abaroa, Presidente de la Academia Latina de la Grabación (LARAS).
IFPI representa a la industria de la grabación mundialmente con más de 1,400 miembros en 72 países y con asociaciones afiliadas en 44 países. La Secretaría Internacional de IFPI se encuentra en Londres y mantiene oficinas regionales en Bruselas, Hong Kong, Miami y Moscú. En América Latina y el Caribe, IFPI tiene presencia en 16 países a través de cámaras nacionales y entidades de gestión colectiva de derechos conexos. La misión de IFPI es promover el valor de la música grabada, salvaguardar los derechos de los productores musicales, expandir el uso comercial de las grabaciones musicales. IFPI Latinoamérica mantiene una oficina ejecutiva en Miami, FL y coordina las actividades de legislación, litigio, anti-piratería, comunicación y gestión colectiva para toda la región.
